EFE.- Decenas de jueces protestaron este martes en El Salvador y exigieron a la Asamblea Legislativa (Parlamento) derogar una reforma legal que cesa a los juzgadores sexagenarios, mientras que en dicho órgano se negaron a recibir el documento con su iniciativa.

“La Asamblea Legislativa ha hecho una embestida a la independencia de poderes (estatales) y ha neutralizado prácticamente a uno de los tres poderes, que es el Judicial”, dijo a la prensa el juez y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sidney Blanco.

Añadió que el Ejecutivo de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa “no quieren tener controles de ninguna naturaleza, quieren atropellar la Constitución, interpretarla de la manera que a ellos les convenga”.

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El diputado opositor René Portillo Cuadra denunció que en la oficina de recepción de correspondencia se negaron a recibir la propuesta de derogatoria presentada por los jueces.

El juez Samuel Lizama indicó que, finalmente, “después de múltiples obstáculos irrazonables y gestiones, se nos recibió el escrito que pide derogar decreto de reformas a Ley de Carrera Judicial y restablecer el estado Constitucional”.

La semana pasada, el Congreso, de mayoría oficialista, reformó la Ley de la Carrera Judicial para cesar a los juzgadores sexagenarios con el argumento de depurar el sistema judicial.

Esta justificación, que únicamente restringe las supuestas prácticas corruptas en jueces de 60 años o con carrera de 30 años, fue dada por los diputados del oficialista Nuevas Ideas (NI), pero no está en el decreto aprobado.

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El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó el viernes a la comunidad internacional a tomar acciones contra el “desmantelamiento de la judicatura” en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa.

“Hago un llamado a la comunidad internacional a tomar acciones y condenar el desmantelamiento de la judicatura de El Salvador por autócratas faltos de memoria histórica, que atropellan los estándares internacionales adoptados por las Naciones Unidas”, publicó en Twitter.

Estados Unidos y Human Rights Watch (HRW) han criticado la decisión, que los jueces afectados buscarán recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La medida no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los que se encuentran exasesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno.