EFE.- Dos organizaciones humanitarias informarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la reforma aprobada en el Congreso salvadoreño que cesará al juez del proceso por la masacre de unos 1.000 salvadoreños en El Mozote (1981), sobre la que dicha instancia emitió una sentencia en 2012.

Así lo explicó a la prensa David Morales, abogado de las víctimas y miembro de Cristosal, tras una conferencia en la que 14 organizaciones rechazaron la reforma legal.

“Las organizaciones que representan a las víctimas ante la Corte Interamericana están ya preparando el informe de lo acontecido para que esta se pronuncie” mediante “medida de protección inmediata o vía resolución de seguimiento”, acotó.

Se trata de las entidades Tutela Legal “María Julia Hernández” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

De acuerdo con Morales, también exprocurador de Derechos Humanos de El Salvador, “esta separación del juez tendrá un efecto de incumplimiento de la sentencia” de la CorteIDH, emitida contra el Estado salvadoreño en 2012.

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“Directamente estará afectando la obligación del Estado de llevar adelante, sin obstáculos, la investigación y enjuiciamiento de los responsables”, indicó.

REFORMA OBSTACULIZA JUSTICIA

Representantes de más de 14 organizaciones humanitarias y sobrevivientes de la masacre, perpetrada en 1981 en la remota localidad salvadoreña de El Mozote, señalaron este miércoles que una reforma que cesa a los jueces y fiscales sexagenarios obstaculiza la persecución penal de los responsables de crímenes de guerra.

La semana pasada, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, reformó la Ley de la Carrera Judicial para cesar a los juzgadores y fiscales sexagenarios con el argumento de depurar el sistema judicial.

De acuerdo con las organizaciones, “la expulsión masiva de jueces también afectará a las víctimas del conflicto armado (1980-1992)” en los casos reabiertos desde 2016 con la anulación de una ley de amnistía de 1993.

Uno de los juzgadores que será cesado con la entrada en vigencia de esta reforma es el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, quien conoce el caso de El Mozote.

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Dorila Marquéz, sobreviviente de la masacre de El Mozote, lamentó la decisión que se da en momentos en los que el proceso se encuentra “en la etapa final”.

“Estamos muy tristes”, dijo Marquéz y pidió que “no nos quiten al juez”, que “es muy imparcial”.

El juzgador resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Nayib Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, en los que se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza.

El juez Guzmán ordenó la reapertura de la causa por la masacre en septiembre de 2016 tras la anulación de la ley de amnistía.

Además, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de militares retirados a crímenes de lesa humanidad.

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El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó el viernes a la comunidad internacional a tomar acciones contra el “desmantelamiento de la judicatura” en El Salvador por parte del presidente Bukele y la Asamblea Legislativa.