Por Rosa María Bolaños / Prensa Libre

Jorge Bacaloni, directivo de Alianza Contra la Piratería, dijo, que, según datos de la región referentes a la piratería tradicional en general, el impacto en la industria significa pérdidas de US$323 millones —unos Q2 mil 487 millones—; además, se detectó que el 36% del mercado audiovisual es piratería.

En Guatemala, el mercado pirata llega al 39%. Es el tercer país del istmo, superado por Honduras, con 49%; y Nicaragua, 47%. Les siguen Panamá, con 33%; El Salvador, 29% y Costa Rica 21%.

Según Bacaloni, se impactan más de tres mil 200 empleos, ya que se pierden inversiones y la recaudación fiscal.

Estos datos no reflejan la piratería en línea, pues se requieren otros mecanismos más avanzados y más controles para determinarla, añadió. Refirió que el 50% de los usuarios de internet a nivel mundial acceden a contenido transmitido de forma ilegal.

Para Guatemala, la organización mencionó pérdidas anuales de US$59 millones —unos Q454.3 millones—, de los cuales US$34 millones —Q261.8 millones— son pérdidas para operadores y US$25 millones —Q192.5 millones— para programadores.

La Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por cable para Centroamérica (Aprodica Guatemala) informó que en el país el aprovechamiento ilegal de los cableoperadores, son en total Q390 millones anuales, de los cuales Q150 millones son impuestos que se dejan de pagar y alrededor de Q240 millones que le quedan a quien se aprovecha de los derechos sin pagar.

Las cifras se conocieron en la conferencia “Fair Play: La importancia de las transmisiones legales deportivas”, que la Cámara de Comercio Guatemalteca Americana (Amcham) llevó a cabo junto a filiales de países centroamericanos y otras organizaciones.

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El impacto en el deporte

“Las transmisiones en vivo de eventos deportivos son el diferenciador de contenido más valioso que tienen los canales de televisión y los cableoperadores para ofrecer a los usuarios. Esto provoca que también se conviertan en uno de los beneficios más apetecidos por las empresas piratas y por aquellos que se lucran a través de apropiarse de derechos que no les corresponden y para los cuales no pagan”, expresó Rodolfo Mendoza, director ejecutivo de Aprodica Guatemala.

Aunque no da un monto de pérdidas económicas para el deporte, Cynthia Henderson, Consejera de la Propiedad Intelectual para México, Centroamérica y el Caribe, mencionó que una publicación dio a conocer que para una pelea de boxeo una empresa rastreó que hubo entre 10 millones y 20 millones de visitas de la pelea en vivo, pero solo alrededor de 850 mil fueron compradores legales, pero “la piratería de las retransmisiones deportivas no se limita al boxeo, el futbol es el contenido deportivo más pirateado seguido por el baloncesto”, añadió la ejecutiva.

Aprodica indicó que la piratería de las transmisiones de La Liga Española llegó a representar un 95% en Guatemala, y eso se logró reducir a 25%, con denuncias contra las personas o empresas responsables del uso ilegal de las transmisiones.

Carlos del Campo, vicepresidente de La Liga española de fútbol, indicó que en el 2014 crearon un observatorio de antipiratería y la estimación en los últimos cinco años son pérdidas de unos €500 millones de euros —unos Q4 mil 575 millones—.

Por un decreto del 2015, La Liga centralizó la producción y comercialización de las transmisiones de los juegos y se estandarizó la calidad de las transmisiones incluyendo el número de cámaras, iluminación, tipo de césped y otros.

La titularidad de los derechos lo siguen teniendo los clubes de futbol, los cuales se reservan la emisión del diferido, emisión en directo en sus propias instalaciones, agregó.

Las condiciones de comercialización también están ajustadas a las normas de competencia y procedimiento público; para la transmisión nacional, el plazo es por tres años y la comercialización internacional por cinco; además, cada lote se adjudica de manera independiente y no solo aún operador, comentó del Campo.

Los ingresos se van repartiendo a los clubes de futbol, principalmente para los de primera división —90%—, otra parte va para la segunda división y a otras organizaciones, incluyendo el Consejo Superior de Deporte, y la primera división de futbol femenino.

Asegura que con esas disposiciones se aumentaron los ingresos, pero también se establecieron controles más estrictos contra la piratería, que incluyen ubicación de páginas web, redes sociales, IPTV (IP de transmisión en línea o internet) para denunciar las páginas o perfiles y que se lleguen a suspender, y establecer denuncias penales.

Emilio Fernández, director de operaciones de La Liga Content Protection, explicó que han instalado monitoreo para detectar transmisiones piratas, pero que se han topado con la dificultad de que no pueden lograr que se bajen o suspendan los usuarios en redes sociales desde España, sino que debe hacerse desde cada país, por lo que han implementado delegados en varios países para hacer esta labor. Por ello, refirió que es necesario que establezcan medidas legales que le permitan suspender esas transmisiones de forma inmediata.

La estrategia incluye ese monitoreo, demandas y acciones legales y bloqueo de páginas piratas, tecnología, delegados en los países, entre otros.

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Se escapan


Los expositores coincidieron que detrás de la piratería existen grandes organizaciones con capacidad de invertir para trasmisiones ilegales, ya que se ha detectado que cuando se descubre una página o IP pirata, se busca suspenderla y esas desaparecen, pero vuelven desde otros servidores, aspecto que hace más difícil combatir esa ilegalidad.

La adquisición de los derechos está condicionado al valor de mercado y si es muy pirateado baja ese valor, y si no se tiene un marco normativo y la autoridad jurídica necesaria perjudica a los negocios y al usuario, dijo Bacaloni. Indicó que cuando mayor conectividad y banca ancha tiene en un país, mayor tendencia de consumo pirata, por tener posibilidad de más contenido de internet y mayor inmediatez de consumo.

“Es un desafío proteger la transición; solo se tienen dos horas para proteger el evento, una vez que el evento se jugó y se pirateo el daño es irreparable”, comentó el ejecutivo.

“Detrás de la piratería no hay ningún Robin Hood, hay mafias y con infraestructuras de millones de euros”, agregó Emilio Fernández.

Explicó que en Youtube se bajaron o bloquearon un millón de videos, en redes sociales, medio millón, y detectaron 27 mil de URL con contenidos solo de transmisiones directas de La Liga, además de 18 mil plataformas de gente que está vendiendo los servicios y el usuario lo que está pagando es piratería.

Cada país, cada liga y cada región tiene su forma de operar u manejar las transmisiones. En la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) hasta el 2016 se adjudicaba a un tercero, el cual se quedaba con los derechos del manejo y control de las transmisiones y las revendía, en tanto la organización no tenía control sobre estas, dijo Nibaldo Benavente, gerente comercial de esa organización. Ahora, aunque se hacen por medio de una empresa que la negocia, el control lo mantiene Conmebol.

En el caso del beisbol hay otras condiciones. Rodrigo Fernández, vicepresidente y director general para América Latina de la Liga Mayor de Beisbol —Major League Baseball o MLB, en inglés— de Estados Unidos, comentó que tienes más de 2 mil 400 juegos en una temporada, con tres horas promedio de transmisión aspecto que se vuelve gigantesco de atender y difícil de estar conteniendo el robo del contenido por las distintas plataformas piratas.https://456c7e0988adac7658c5528ac43e23cc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

En Latinoamérica, donde más demanda tienen es en Colombia, Venezuela y Brasil, pero la masa crítica se da en los mercados asiáticos que representa problemas importantes de piratería, pero en esa región la legislación ha ido cambiando para proteger a quienes producen los contenidos que los ampara para que se pueda evitar la reproducción de una IPTV a otra, añadió.

Fortalecer legislación e institucionalidad

El director de Aprodica Guatemala, dijo que en el país  hay un Código Penal moderno en ese aspecto que  ha recogido las principales buenas prácticas  y experiencias de otros países; sin embargo, comentó que debería reforzarse es la ley que da vida a la unidad de control y supervisión de cable para poderle dar mayor fortaleza a esta institución, necesita  tener un procedimiento más eficiente,  más directo para poder supervisar y sancionar a los que evadan en el caso de los cable operadores y debería ampliarse para que a esa entidad también regule todas las compañías que transmiten a través de IPTV o que transmite por cualquier tecnología servicios audiovisuales.

Es necesario regular lo referente a la transmisión por medio de internet aún puede estar muy corta y no aplicarse para todos los casos.

Además, es necesario el reforzarse y ampliarse la institucionalidad, “se deben de dar más dientes”, expuso Mendoza.

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