Por Sergio Morales Rodas / Prensa Libre

El programa, oficialmente llamado Protocolos de Protección al Migrante (MPP), fue implementado por la administración del presidente Donald Trump en enero de 2019, con este plan logró cumplir su promesa de campaña de evitar la migración irregular, aunque fue a costa del sufrimiento de miles de migrantes que esperaron —y aún esperan— en México, en albergues improvisados y en precarias condiciones, una oportunidad para exponer sus casos.

Bajo ese programa unas 70 mil personas fueron enviadas a las ciudades fronterizas mexicanas, entre ellos más de 15 mil guatemaltecos.

Pero aparte de la reactivación del MPP, las devoluciones exprés de migrantes guatemaltecos y centroamericanos a El Ceibo, Petén, iniciadas en agosto también se han convertido en una práctica considerada “cruel” por defensores de derechos humanos, puesto que muchos de ellos han asegurado que no se les permitió pedir asilo ni en EE. UU. ni en México.

Las primeras devoluciones de este tipo levantaron fuertes críticas porque a los migrantes se les dejaba abandonados, sin ninguna orientación ni ayuda en El Ceibo, un pequeño poblado de Petén fronterizo con México.

“Expulsar a solicitantes de asilo sin permitirles presentar sus casos es una violación de la Convención sobre Refugiados, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales México es signatario”, dijo en un informe reciente la organización Human Rights Watch.

Añadió que las autoridades migratorias mexicanas solo pueden regresar a los migrantes a su país de origen y que no pueden enviarlos a un tercer país. Asimismo, que tienen que notificar al gobierno del país receptor y coordinar con este el proceso, así como proporcionar transporte, alimentos y agua a las personas.

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Estas devoluciones evidencian “la falta de preocupación por los derechos humanos del presidente —de México, Andrés Manuel— López Obrador”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Aparentemente ya hay un acuerdo para que estas deportaciones se hagan por avión y solo a la capital guatemalteca; sin embargo, estas seguirán al menos durante septiembre.

Aunque a su llegada a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden canceló el Acuerdo de Cooperación de Asilo firmado entre EE. UU. y Guatemala, en la práctica, el objetivo de este convenio se mantiene, ya que por El Ceibo han ingresado muchos hondureños, salvadoreños y migrantes de otras nacionalidades que aseguran no se les permitió pedir asilo en aquel país.

Más restricciones

A lo anterior se suma que EE. UU. continúan aplicando el Título 42, normativa que también puso en marcha la administración Trump y que permite —con el fin de disminuir los riesgos por la pandemia— la expulsión inmediata hacia México de cualquier extranjero.

En otras palabras, la situación parece no haber cambiado mucho en los primeros meses de la administración Biden en relación con el gobierno de Trump, al menos para los solicitantes de asilo y refugio y para aquellos que han intentado llegar a EE. UU. ante la falsa expectativa de que el nuevo gobierno sería más flexible con la migración irregular.

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Desvalorizan al migrante

Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas que lucha por los derechos de los migrantes, lamentó que con sus medidas antimigrantes “el gobierno de los EE. UU. sigue promoviendo la falsa noción de que la migración y las personas migrantes son algo nocivo para ese país”.

La organización considera que la migración debería ser considerada como sinónimo desarrollo económico, social y cultural para los Estados Unidos y para los países de origen.

Algunos sectores temen que el trato a los migrantes pueda empeorar porque se avecinan las elecciones de medio término en EE. UU., en el 2022, y en 2024 son las presidenciales y este tema se vuelve crucial, porque los dos partidos intentan aprovecharlo políticamente.

“Por eso la administración Biden-Harris está enfocada en reducir o minimizar la migración en la frontera sur, para que no se genere una mala imagen en los medios de comunicación de cara a las elecciones”, afirma Guillermo Castillo, un guatemalteco que vive en EE. UU. y que analiza el tema migratorio.

El gobierno ya no quiere más desgaste político, sobre todo porque el conflicto en Afganistán pareciera que puede pasarle factura, añade. Los republicanos y los pro-Trump estarán atentos a todo lo que ocurra con la migración en la frontera sur para aprovecharlo, dijo Castillo.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración, el Gobierno mexicano ha deportado hacia la frontera de El Ceibo a 4 mil 542 personas en poco más de un mes, el 27% menores de edad, sin embargo, la cifra no incluye a cientos de migrantes que ingresaron en los primeros días de agosto hasta el 22. El 55% del total de retornados a esa frontera son hondureños, mientras que el 32% eran migrantes de Guatemala.

En total este año, México ha deportado a 26 mil 263 guatemaltecos un 66% más que el año pasado, mientras que las devoluciones de EE. UU. han disminuido un 76%, y pasaron de 16 mil 709 en 2020 a 3 mil 992 en 2021. Esto, a entender de expertos, obedece al endurecimiento de las restricciones migratorias en México.

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