Por Uriel Naum Avila

Cuando en 2009 la élite militar de Honduras depuso al expresidente Miguel Zelaya, respaldada por políticos y empresarios conservadores de ese país, que lo acusaron de buscar modificar las leyes para reelegirse, el golpe de Estado fue justificado con una gran campaña de medios bajo el mensaje “América Latina no dará un paso atrás en su camino hacia la democracia.”

Apenas unos años después, en 2017, el presidente de ese mismo país, Juan Orlando Hernández, con el apoyo del Tribunal Electoral y al amparo de los “resultados” de unas elecciones polémicas, se reeligió.

No importa si son gobiernos de izquierda o de derecha, muchos de los mandatarios latinoamericanos, principalmente donde tienen lugar instituciones democráticas endebles, una vez en el poder, se enamoran de éste, justifican su interés por reelegirse diciendo que “el pueblo así lo quiere” y operan para saltarse las reglas o, en el mejor de los casos para ellos, modificarlas.

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El problema es que no se trata solo de una aspiración personal, sino de un estado de cosas que pone en riesgo la propia convivencia social, el pacto democrático, pasando la mayoría de las veces por los derechos humanos, como viene sucediendo en Nicaragua bajo el mandato de Daniel Ortega, cuyo gobierno parece más un virreinato familiar que una administración que representa un ala ideológica de la sociedad, como se vendió la idea en un principio.

Poco a poco la familia Ortega se va quedando sola. Aliados como Argentina o México, que venían defendiendo la no intervención extranjera en ese país, aumentan la voz para pedir cuentas en cuestión de derechos humanos. La familia Ortega, no los representantes de los poderes en Nicaragua, grita, se enoja, patalea a los propios aliados. “Oe, Andrés… @lopezobrador_La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano”, escribió Juan Carlos Ortega Murillo en Twitter el pasado mes de julio.

La última tentación autoritaria en América Latina vino recientemente de El Salvador. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país emitió un fallo que posibilita que los presidentes puedan optar por la reelección inmediata, dejándole el portón abierto (no la puerta) a Nayib Bukele para un segundo mandato.

El Salvador tiene una historia de autoritarismo que costo miles de vidas y la transición hacia la democracia no ha sido fácil. La corrupción en el pasado de políticos y gobiernos, que sí existió, es hoy la bandera que ondea el actual gobierno para decir “el pueblo nos necesita, el pueblo así lo quiere”. No hay película con final más catastrófico que aquella donde el productor es, a fuerza de querer ser el protagonista, el propio “héroe”.

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*Periodista de Negocios en Latam y Consultor en Comunicación Corporativa.

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