EFE.- Los familiares de 37 líderes opositores y profesionales independientes presos desde el 28 de mayo pasado en Nicaragua expresaron este jueves su temor sobre posibles “daños irreversibles” en la salud de los convictos, debido al trato que reciben en prisión.

“Con angustia y sentido de urgencia alertamos sobre el riesgo inminente de daños irreversibles a la integridad física y psicológica de nuestros familiares. Tememos aún más por sus vidas”, indicaron las familias de los denominados “presos políticos”, en un pronunciamiento público.

Entre los detenidos están dirigentes opositores, exfuncionarios de Gobiernos anteriores a la última era sandinista que comenzó en 2007, así como críticos del Gobierno y personas que aspiraban a competir por la Presidencia en las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

“El régimen de aislamiento e incomunicación de nuestros familiares persiste. La única vez que se nos permitió verles fueron evidentes las condiciones extremas a las que está siendo sometidos, que están afectando gravemente su estado de salud físico y mental, y que constituyen actos de tortura”, señalaron los familiares.

En el pronunciamiento, los familiares resaltaron que no han vuelto a saber de los reos desde la única visita permitida, a fines de agosto pasado y comienzos de mes, pero que sus temores se basan en el trato de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, donde están encerrados.

“A pesar de la situación de desnutrición severa y hambre en que los encontramos, persiste la negativa al ingreso de alimentos, adicionalmente continúan pidiendo medicinas que evidencian malestares gastrointestinales y vértigo, vinculados a su deficiente alimentación. Asimismo niegan el ingreso de abrigo y material de lectura”, detallaron.

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Según los familiares, las órdenes judiciales para que los detenidos reciban visitas y se reúnan con sus abogados, conforme manda la Constitución, no son atendidas por la Policía nicaragüense, sus casos no están registrados en el sistema del Poder Judicial, y sus abogados defensores no tienen acceso a las copias de las pruebas de la Fiscalía.

“Las autoridades de la DAJ omiten cumplir con lo ordenado por los jueces de audiencia (…), sus causas no aparecen aún reflejadas en el sistema del Poder Judicial, con el objetivo de invisibilizarles y mantener su indefensión”, sostuvieron.

En el mismo documento los familiares demandaron la libertad para los 37, así como para “las más de 130 personas presas políticas” que estaban encarceladas desde antes de mayo pasado, también exigieron el establecimiento de un calendario de visitas, y el respeto sus derechos, incluyendo el de la defensa.

Pidieron además que los convictos reciban ropa y alimentos de sus familiares, el cese del aislamiento e interrogatorios, objetos básicos, sol y libros, y que sus juicios, la mayoría por supuestos delitos de traición a la patria o lavado de dinero, sean públicos.

El Gobierno considera a los “presos políticos” como “terroristas” o “traidores a la patria”, y los señala de estar detrás de un supuesto golpe de Estado.

Las autoridades no han informado del estado en que se encuentran los presos. 

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