Un tribunal de El Salvador emitió medidas cautelares para suspender temporalmente la entrada en vigencia de una reforma legal que cesaría a más de 200 jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, según la resolución a la que Efe tuvo acceso y que trascendió este jueves.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, reformó la Ley de la Carrera Judicial, supuestamente para combatir prácticas corruptas, pero el decreto únicamente señala que la reforma es para “actualizar” la norma.

La Cámara de Familia de Sección de Oriente del departamento de San Miguel emitió esta medida el miércoles al admitir un proceso de protección a la persona adulta mayor presentado por dos jueces.

Esta corte ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “suspender la aplicación” del decreto, aprobado por la Asamblea Legislativa y firmado por el presidente Nayib Bukele.

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También ordenó a los diputados y a Bukele “abstenerse de realizar actos en sus respectivas esferas de competencias que contravengan los derechos humanos” de los jueces.

Advirtió que la legislación establece que “en materia de familia ninguna persona gozará de fuero especial en razón de su cargo”.

La medida cautelar entrará en vigencia a partir de que la reforma esté en vigor, el sábado 25 de septiembre.

La resolución únicamente fue firmada por el presidente de la cámara, dado que el otro magistrado valoró que no tenía competencia.

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La ONU y Estados Unidos han criticado la medida, mientras que organizaciones humanitarias señalan que es la “consumación del golpe de Estado” contra el órgano Judicial.

Uno de los jueces que sería cesado es Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército.

En estas se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza de El Mozote en 1981.

Antes de conocerse la resolución de referida cámara, Guzmán advirtió que no se acogería a ninguna excepción para seguir en el caso, a menos que la reforma se derogue, se declare inaplicable o un fallo judicial suspenda su aplicación.

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“Se trata de una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexcusable a la Constitución de este país. Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar”, dijo en un documento enviado a la CSJ.