EFE.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) pidió este martes a un tribunal del país emitir “la pronta y contundente” sentencia contra Roberto David Castillo, autor intelectual del asesinato en 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.

“Exigimos a la sala I del Tribunal de Sentencia la pronta y contundente sentencia al presidente de (la empresa) Desarrollos Energéticos S.A (DESA), Roberto David Castillo, parte de la maquinaria de violencia al pueblo lenca”, indicó el Copinh en un pronunciamiento público.

Berta Cáceres, cofundadora del Copinh en 1993, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa, en La Esperanza, occidente de Honduras, pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Castillo, un militar hondureño, fue declarado culpable en julio pasado como autor intelectual del asesinato el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista de la etnia lenca.

El Copinh señaló que la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en materia penal “ha incumplido su palabra sobre el tiempo para emitir la sentencia” contra Castillo, quien puede enfrentar una pena de entre 20 y 25 años.

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“Más de tres meses han transcurrido y han expirado los tiempos procesales establecidos poniendo en riesgo el proceso de justicia”, subrayó.

El poder Judicial de Honduras indicó en Twitter que el Tribunal de Sentencia está “en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra Roberto David Castillo por habérsele encontrado culpable de la autoria intelectual en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres”.

En un segundo mensaje, señaló que “la complejidad del juicio obliga a analizar y fundamentar jurídicamente más de 80 tomos de contenido y unos 100 medios de prueba propuestos por las partes, por lo que se emitirá la sentencia en el tiempo razonable”.

EN LA IMPUNIDAD

El Copinh señaló que el Ministerio Público de Honduras ha aceptado que “aún faltan los autores intelectuales” de este crimen, pero “no ha presentado ni procesado” a los demás coautores.

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“Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen (y) que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, destacó.

Cuestionó además “la ausencia” de la resolución que deja en firme la sentencia contra los siete hondureños condenados en diciembre de 2019 por este crimen.

Cuatro de ocho acusados fueron condenados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

“Seguiremos haciendo nuestra la justicia de no quedarnos callados ni calladas y de disputar ante la espuria institucionalidad hondureña cada milímetro de justicia que debamos arrebatar y exigir”, señaló el Copinh.

La ambientalista se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

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La empresa DESA ha rechazado siempre todas las acusaciones en su contra por parte del Copinh y la familia de Berta Cáceres.