EFE.- Los peligros contra el ejercicio del periodismo en Honduras han persistido, sumados al obstáculo que representa la suspensión de garantías constitucionales debido a la pandemia de covid-19, señaló este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el informe de su 77 Asamblea General.

“Si bien no se produjeron asesinatos contra periodistas, muchos fueron contagiados por el virus, entre ellos el periodista Mauricio Torres Molinero, quien falleció el 10 de julio, así como Noé Mejía, de Radio América, el 5 de julio”, indicó la SIP en el informe que deberá ratificar el comité de Libertad de Prensa.

El organismo señaló además que algunas asociaciones se expresaron sobre la necesidad de rendición de cuentas para mitigar el virus de la desinformación y denunciar violaciones de derechos humanos y abusos de poder.

Algunas asociaciones se expresaron sobre la necesidad de rendición de cuentas para mitigar el virus de la desinformación y denunciar violaciones de derechos humanos y abusos de poder, añade el informe de la SIP sobre Honduras.

La SIP, con sede en Miami, EE.UU., recordó que en mayo de 2021, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien consideró procedente la inclusión de salvaguardas al derecho a la libre expresión de periodistas y propondrá un dictamen con nuevas reformas al Código Penal.

“El delito de difamación fue eliminado en 2020 del Código Penal, pero todavía contiene las figuras de injuria y calumnias”, indicó el organismo, que agrupa a propietarios, editores y directores de medios de comunicación, principalmente de prensa escrita, de América.

Señaló además que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aún no respondió a la petición de diferentes sectores para reformar la “Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, debido a que la “Ley de Secretos”, como se le conoce popularmente, vulnera el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia.

Diversos sectores sociales hondureños consideran que la denominada “Ley de Secretos”, aprobada el 24 de enero de 2014, “es  un obstáculo para el acceso a la información pública, pues blinda con información reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, con 5, 10 y hasta 25 años, la información relacionada con más de 20 ministerios y direcciones de Gobierno”.

El Gobierno hondureño, que preside Hernández desde el 27 de enero de 2014, ha sido señalado por varios sectores de ocultar información de interés para el país centroamericano, que el 28 de noviembre celebrará las undécimas elecciones desde su retorno al orden constitucional.

La SIP también recordó que en mayo el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hizo un llamamiento al Gobierno para que investigue y no queden en la impunidad los asesinatos de 90 periodistas en las últimas décadas.

Según el Comisionado de los Derechos Humanos, más del 90 % de las muertes de periodistas en Honduras siguen en la impunidad. 

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PANAMÁ

El informe cita que el 1 de septiembre pasado el Ministerio Público imputó al periodista Mauricio Valenzuela, del medio digital Foco Panamá, después de que, a principios de año la diputada oficialista, Zulay Rodríguez, lo demandara por “violencia de género” tras publicar sobre el cuestionamiento público a la diputada en su práctica como abogada.

Agrega además que de las 16 denuncias y querellas del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) contra la empresa Corporación La Prensa, sus periodistas y directivos, se cerraron provisionalmente 14 de ellas en las que reclamaba un resarcimiento a su honor por 41 millones de dólares, mientras que en las dos restantes en proceso, el pedido de indemnización es por 5 millones de dólares.

Sigue pendiente desde 2012 el proceso del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor, en contra de cuentas bancarias y activos de La Prensa por más de un millón de dólares.

INTIMIDACIÓN A PERIODISTAS

El 13 de octubre pasado la periodista Castalia Pascual, de TVN Canal 2, denunció que el entonces presidente Ricardo Martinelli la chantajeó en 2012 para que no investigara a sus hijos, ahora presos en Guatemala y pendientes de extradición a EE.UU., dijo el informe.

Precisó que Pascual detalló que uno de sus familiares había sido trasladado desde una granja de rehabilitación de reclusos a un centro penitenciario de máxima seguridad, sin que se supiera su paradero.

Pascual dijo que, “presionada por Martinelli, quien le expresó ‘no te metas con mis hijos y yo no me meto con tu familia’, ella accedió a no investigar y su familiar fue trasladado de nuevo a la granja de rehabilitación”.

El 8 de julio La Prensa publicó una investigación que dejó al descubierto una red de vacunación clandestina. Al día siguiente, la periodista Flor Mizrachi, autora de la investigación, fue amenazada de muerte a través de llamadas anónimas y amenazas en Facebook de secuestro y violación y de que conocían sus movimientos y el de su familia.

FALTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

También se mantuvo la falta de acceso a datos sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia, en desconocimiento de las obligaciones que demanda la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), indicó el informe preliminar.

En agosto pasado, el Ministerio de la Presidencia aprobó la Resolución 71, que declara información de acceso restringido a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o del vicepresidente. Estos documentos no se podrán divulgar por un periodo de 10 años.

Durante la discusión de una polémica parlamentaria de unas reformas electorales se plantearon normas que afectaban el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, pero fueron finalmente descartadas.

INVESTIGACIÓN POR COMPRA DE MEDIOS

El Ministerio Público remitió a un juzgado el caso “New Business”, que investigó -basado en información remitida por la Asamblea Nacional de Diputados- la forma de adquisición del grupo editorial EPASA.

Según el expresidente del grupo editorial Ricardo Chanis, el expresidente Martinelli y allegados son propietarios de Epasa, que publica los diarios Panamá-América y Crítica. El Ministerio Público llamó a juicio a Martinelli y 25 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Durante la investigación se recuperaron 9,2 millones de dólares en acciones, el 30 % de la empresa, que fueron remitidas al Tesoro Nacional para el Estado.

“Así como en el resto del continente, los medios panameños se han visto obligados a realizar ajustes para capear la crisis de sostenibilidad acelerada por la pandemia”, finaliza el informe preliminar de Panamá ante la SIP. 

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