EFE.- La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) condenó este jueves la “detención arbitraria” de los dirigentes empresariales nicaragüenses Michael Healy y Álvaro Vargas.

“Condenamos los actos ocurridos en Nicaragua que violentan los derechos humanos reconocidos universalmente y los individuales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua”, señaló la Fecaica, que aglutina a más de 7.200 empresas industriales de la región, en una declaración.

Healy y Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua, respectivamente, fueron capturados este jueves por la Policía Nacional, y permanecerán hasta 90 días en prisión para ser investigados por el supuesto delito de lavado de dinero, informó el Ministerio Público.

Con los dirigentes del Cosep suman ya 39 los líderes opositores, empresarios, y profesionales independientes que han sido detenidos desde el 28 de mayo pasado, en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

Entre los detenidos está el antecesor de Healy en la presidencia del Cosep, José Adán Aguerri, un banquero, antiguos guerrilleros sandinistas disidentes, y siete aspirantes a candidatos a la Presidencia de Nicaragua por la oposición.

La lista de personas consideradas “presos políticos” en Nicaragua asciende a 155, de ellos 145 desde abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular en contra del Gobierno de Ortega, según ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos humanitarios locales.

“Exigimos la liberación inmediata de Michael Healy y Álvaro Vargas, así como de José Adán Aguerri y los demás presos políticos a los que el Gobierno de Nicaragua les han negado su libertad sin fundamento”, demandó Fecaica en su declaración.

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Los industriales señalaron que dichos arrestos “van en contra del desarrollo del país y causan inestabilidad política y social”.

“Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica”, agregó el organismo regional.

De la misma manera el gremio se solidarizó “con el pueblo nicaragüense, esperando que el país retome la estabilidad y predomine la verdadera democracia”.

Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones y acusaciones de más de una treintena de dirigentes opositores y profesionales independientes, previo a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca la reelección por cinco años más.

Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

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