El Gobierno de Guatemala impuso este domingo un estado de sitio en un municipio del noreste del territorio, con el objetivo de mitigar los enfrentamientos de los últimos días entre las fuerzas de seguridad y varias comunidades indígenas que se oponen al funcionamiento de una mina.

La medida ordenada por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, mediante el decreto 9-2021, busca detener las manifestaciones en contra de la mina Fénix, perteneciente a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa y suiza Solway Investment Group.

La decisión del Gobierno abarca únicamente el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, donde se ubica la mina y se registraron los enfrentamientos este viernes y sábado.

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El estado de sitio impuesto por Giammattei tendrá una duración de 30 días y permite a las autoridades evitar la libre locomoción de la población, así como diluir cualquier organización o manifestación y detener a uno o más habitantes sin mandamiento judicial, entre otras medidas.

Los enfrentamientos se registraron durante viernes y sábado entre las fuerzas de seguridad y decenas de indígenas q’eqchi’ que se oponen al funcionamiento de la mina.

El Gobierno de Giammattei enfatizó que el estado de sitio fue impuesto debido a que “se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes” del municipio, tal y como señaló este domingo el diario oficial donde se anuncio la medida.

Los miembros de las comunidades indígenas se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 21 días en un campamento improvisado con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pero en los últimos dos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, con varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado al momento.

Mientras tanto, la Policía Nacional Civil ha informado que al menos 17 de sus miembros han resultado heridos en los enfrentamientos, incluidos cuatro agentes lesionados con arma de fuego.

Por su parte, el Ejército de Guatemala informó que al menos 500 soldados se encuentran en El Estor con operativos de “seguridad poblacional” y “puestos de control” para apoyar a la Policía Nacional Civil.

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Acusan ilegalidad

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó el sábado su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas y dijo que la mina funciona “ilegalmente”.

“Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa”, enfatizó el ombudsman.

Sin embargo, pese a la prohibición, Rodas aseguró que “el Gobierno de Guatemala”, presidido por Giammattei, “resguarda camiones de CGN” para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad “reprimen a la población y periodistas”.

Tanto el viernes como el sábado, cientos de agentes de la Policía Nacional Civil han atacado a las comunidades indígenas en resistencia con bombas lacrimógenas, según han denunciado diversas fuentes.

Estas comunidades pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel por carecer de estudios de impacto ambiental y de la autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto.

El Gobierno de Giammattei, por su parte, aseveró el sábado por la noche en un comunicado de prensa que la suspensión de la mina está en vigencia, pero que existen “otras actividades como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona” que “no están relacionados con la resolución referida”.

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Varias entidades y organizaciones sociales criticaron el estado de sitio ordenado por Giammattei, al asegurar que la decisión tiene otros intereses.

La bancada de oposición en el Congreso Winaq indicó en sus canales de comunicación que el decreto del estado de sitio “no es para brindar seguridad y tranquilidad” a la población, sino “para proteger a una empresa minera cuyas operaciones están suspendidas”.

Según datos oficiales, la extracción minera en Guatemala tuvo su auge en 2014 y 2015, con casi 750 millones de dólares producidos cada año. Sin embargo, decayó en los últimos años hasta obtener 30 millones de dólares en 2019 debido a la suspensión de licencias para empresas extractoras.