La pandemia, como si de un cisne negro se tratara, impactó de lleno en las distintas economías, las cuales se vieron en la obligación de atender a una población que, de la noche a la mañana, enfrentaba numerosos riesgos previamente no contemplados. En primer lugar, nos encontrábamos ante el riesgo que suponía el propio virus, pues su incidencia era muy elevada y, atendiendo a los registros de muertes que dejaba, proteger a la población era la prioridad. Sin embargo, muy pronto comenzó a establecerse una especie de dicotomía, en la que la pandemia, ante la escasez de ingresos, comenzaba a perder peso como principal riesgo a combatir.

En este sentido, las acciones y las políticas que se llevaron a cabo para proteger a la población –la prioridad– confinaron a la ciudadanía en todo el planeta en sus domicilios, o en hospitales si se encontraban enfermos. Una situación que, de la misma forma que contenía y frenaba los contagios que provocaba el virus, frenaba la actividad económica y, con ello, los ingresos de las empresas y las rentas de los trabajadores. Ante la falta de comida para echarse a la boca, así como de recursos para afrontar sus obligaciones en el día a día, la gente seguía comprando el discurso de que combatir la pandemia era la prioridad, pero esta vez introduciendo la muletilla “sin olvidar la economía”.

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Y es que esta fue la dicotomía que, una vez relajado el pánico de los primeros meses pandémicos, estableció la ciudadanía. Pues el confinamiento provocó un duro shock de oferta que acabó trasladándose a la economía. En este sentido, la paralización de la producción llevó a las distintas economías en el mundo a registrar contracciones no vistas desde la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, la situación de partida de las distintas economías, así como su capacidad para aplicar respuestas, fue determinante en el impacto registrado por estas, pues existen divergencias que han permitido que unos países puedan impulsar respuestas fiscales de hasta el 18% del PIB, como Estados Unidos, a la vez que han impedido que otros, como México por ejemplo, puedan destinar más del 1% de su PIB a combatir dicha problemática.

En este sentido, mientras la pandemia impedía el desarrollo de actividades económicas en los distintos países afectados, países como Estados Unidos, o incluso España, pusieron en marcha programas para, desde el Estado, sustentar las rentas de los ciudadanos que no percibían ingresos por la paralización de la actividad económica. En otras palabras, pudieron aplicar respuestas para hibernar la economía. Estados Unidos desplegaba un helicóptero monetario que impulsaba la demanda notablemente en el país, a la vez que España, siendo el otro ejemplo citado, activaba los ERTE, que permitían pausar el trabajo del empleado hasta nuevo aviso, sin costes para el empleador. Y es que, en general, las economías desarrolladas impulsaron planes para proteger a su ciudadanía.

Sin embargo, atendiendo a esa respuesta fiscal, pero en economías como las de América Latina, hablamos de una situación bien distinta.

En este sentido, la Universidad de Columbia de Nueva York cifra en un 6,7% del PIB el gasto fiscal para enfrentar la pandemia en las economías desarrolladas, en promedio. En lo que respecta a las ayudas fiscales como porcentaje del PIB, estas superan ampliamente el 18,8% en estas economías desarrolladas. Incluso a nivel global, el promedio relativo a la respuesta fiscal como porcentaje del PIB se sitúa en el 3,7% del PIB. En el caso de América Latina, o lo que es lo mismo, de las economías emergentes de América Latina, esta respuesta fiscal no alcanza el 2,4% del PIB en promedio. Si observamos el porcentaje de ayudas fiscales como porcentaje del PIB, el GAP es mayor incluso, no superando el 8,5% de su PIB en promedio.

Como vemos, la escasa respuesta ofrecida y la poca movilización de recursos que vemos en estos indicadores han provocado que estas economías, hoy, enfrenten los mismos retos que las desarrolladas, pero con mayor intensidad que en estas, pues la debilidad es notablemente mayor. Pues debemos saber que proteger a la ciudadanía requiere de unos recursos que hoy no se poseen. Una situación que, desde hace años, suscita la necesidad de renovar los modelos de gestión pública en América Latina, así como los distintos sistemas tributarios. Pues hablamos de economías muy vulnerables en materia de recursos, pues no son capaces de, con sus sistemas vigentes, extraer recursos de su economía para ofrecer un Estado de bienestar a su ciudadanía.

Si miramos el ranking que ofrece la OCDE, el cual mide la capacidad de los Estados mediante la ratio que expresa la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, el último país en el ranking, con un equivalente al 16%, es México. No obstante, debemos señalar que una gran mayoría de economías de América Latina se encuentran en un nivel similar.

Este indicador vuelve a decirnos que el Estado no es capaz de extraer recursos de su economía, o al menos todos los suficientes, como para financiar la factura pandémica. Por esta razón, cuando llega una crisis que debemos combatir y que requiere de estos recursos, estos países tampoco pueden dotar de un Estado de bienestar óptimo a su ciudadanía, pues recordemos que aquellos que se encuentran en la economía informal no pagan casi impuestos directos para sustentar los servicios que debe ofrecer un Estado, pero de la misma forma, no cuentan siquiera para un Estado que no puede reconocerlos, pues se encuentran empleados en el mercado informal.

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En resumen, la pandemia ha reabierto un debate muy necesario en la región, en el que quedan en entredicho los modelos de gestión pública y protección social ofrecidos por estas economías, así como sus sistemas para generar ingresos derivados de sus respectivos sistemas tributarios. Pues debemos saber que, de seguir así, hablamos de economías condenadas a sufrir los efectos que hoy se registran en cada una de las distintas crisis que sacudan a la región latinoamericana.