Por: Martha Keays, directora de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) para las Américas.

Tras 20 meses de pandemia por COVID-19, las consecuencias socioeconómicas del virus se suman a la dolorosa pérdida de vidas y su grave impacto sobre los sistemas de sanidad pública.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2020 cerca de 209 millones de personas cayeron en la pobreza en esta región, una cifra no vista desde 2008.

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Los ingresos, ahorros y poder adquisitivo de las familias más vulnerables han disminuido y mientras no actuemos, seguiremos atestiguando esos efectos en 2022 en forma de hambre, exclusión y acceso desigual a las vacunas contra el COVID-19.

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Así lo evidencia ‘’Al borde del abismo: las consecuencias socioeconómicas del COVID-19’’, un estudio global de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) que analiza cómo las mujeres, migrantes y habitantes de contextos urbanos precarios se han llevado la peor parte.

América: un impacto desigual del COVID-19

La presión sobre las instituciones públicas, los efectos de las medidas sanitarias y la desigualdad preexistente tienen a la región enfrentando crisis superpuestas. Sólo en Honduras, tras la pandemia y el paso de los huracanes Eta e Iota, 3 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y 2,8 millones necesitan ayuda humanitaria.

Las mujeres han sido especialmente afectadas. Por ejemplo, de acuerdo con la CEPAL, el sector del trabajo doméstico reporta una caída del -20,9% en 2020 con relación a 2019 y es en ese ámbito donde muchas mujeres tienen más probabilidad de ser empleadas.

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Para ellas la pandemia ha traído también más violencia y un deterioro en la salud mental. En respuesta, la Cruz Roja Salvadoreña prestó apoyo psicosocial ante el aumento de la violencia doméstica, reflejado en una subida del 22% en las llamadas a líneas de emergencia entre marzo y abril de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las personas migrantes han enfrentado inseguridad, hacinamiento, falta de información, barreras para acceder a servicios básicos y pérdida de empleo, al punto que muchas han vuelto a migrar.

Es el caso de miles de venezolanos y haitianos que tras asentarse en Suramérica cruzan ahora el Tapón del Darién rumbo al norte. Sólo en 2021, más de 100,000 migrantes han atravesado esa selva panameña, una cantidad similar al total que la cruzó en los últimos cinco años.

Allí, la Cruz Roja les brinda agua y atención médica de emergencia, mientras que en Ecuador les apoya con cursos de formación y capital semilla para desarrollar emprendimientos.

En ciudades con alto hacinamiento también hubo mayor contagio, en parte producto de la dominante economía informal que obligó a miles de familias -sin acceso a sistemas de bienestar social- a salir a la calle para ganarse la vida con el riesgo de contagiarse y no poder costearse su atención médica.

Más vacunas y protección

Algunos países americanos reportan un 70% de su población vacunada con un esquema completo, pero en otros esa cifra no supera el 6%. Este acceso desigual, sumado a la pobreza creciente, hace urgente fortalecer el acceso a la salud pública, proteger los medios de vida de los más vulnerables y garantizar acceso universal a la vacuna contra el COVID-19.

Para lograrlo, se debe garantizar vacunas para los países de bajos y medios ingresos, impulsar su aceptación y asegurar que las agencias humanitarias accedan a vacunas para enfocarse en los grupos de mayor riesgo.

Es una prioridad económica, política y moral que la recuperación sea inclusiva y justa.