EFE.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este lunes las personalidades jurídicas a tres ONG, dos de ellas dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres, y la otra por el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca, a petición del Ejecutivo del presidente Daniel Ortega.

Las ONG ilegalizadas son la privada Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambos presididas por Torres; y la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), que preside Martínez Cuenca.

Con la ilegalización de esas tres ONG, las primeras dirigidas por empresarios sandinistas hasta ahora aliados del Gobierno de Ortega, se elevó a 52 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en el país en abril de 2018.

El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las tres ONG fue aprobada con trámite urgente con el voto de 82 diputados, ninguno contra, tres se abstuvieron, y otros seis estuvieron presentes y no votaron, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.

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UNIVERSIDAD HA GRADUADO 6,150 PROFESIONALES

En un informe, el Ministerio de Gobernación argumentó que en el caso de la Uhispam -inscrita como ONG-, y la Conimipyme, sus Juntas Directivas se encuentran acéfalas y no han reportado sus estados financieros correspondientes al año 2020 con sus desgloses detallados.

Tampoco han presentado los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos.

La Uhispam, cuyo rector es Torres, es una universidad fundada en octubre del 2000 y desde entonces ha graduado a 6,150 profesionales, según sus autoridades.

En tanto Conimipyme, también presidido por Torres, fue creado en abril de 2002 y sustituyó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal de Nicaragua, en la mesa tripartita en la que se discute el salario mínimo de los trabajadores, tras las manifestaciones antigubernamentales de abril de 2018.

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TAMBIÉN ONG QUE MEDÍA POBREZA

En el caso del Fideg, una ONG especializada en la realización de estudios socioeconómicos y encuestas sobre el nivel de pobreza en Nicaragua, Gobernación argumentó que no se registró como agente extranjero “incumpliendo” con la Ley de regulación de agentes extranjeros, “ya que es sujeto obligado porque recibe donaciones provenientes del exterior”.

Además, sostuvo, ha incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias, no presentó los estados financieros 2020 con sus desgloses detallados, ni el informe de donaciones previas provenientes del exterior, entre otros.

La Fideg, creado en marzo de 1990, 26 días antes que asumiera la presidencia Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) que derrotó en las urnas al actual mandatario, es presidida por Martínez Cuenca, que en el 2000 disputó la candidatura presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto al exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, que guarda prisión acusado de “traición a la patria”, y el mismo Ortega, que al final se impuso.

Martínez Cuenca renunció al Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua en agosto de 2018, cargo que ocupaba desde el 2011, tras la revuelta popular contra el Gobierno de Ortega, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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AL MENOS 52 ONG HAN SIDO ILEGALIZADAS

Según el informe oficial, esas tres ONG violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, han ilegalizado al menos 52 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018.

El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.

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