El Salvador necesita leyes e incentivos suficientes que alienten a los industriales a invertir en una operación mucho más sustentable, de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“No existe al momento algún cuerpo legal que favorezca al inversionista que importa un equipo para lavar el plástico antes de reciclarlo, por ejemplo. Si eso existiera, nosotros podríamos ser el paraíso de los reciclados”, comenta Eduardo Cader, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

En el contexto de la Conferencia sobre Cambio Climático (COP26), que finalizó el 12 de noviembre, luego de revisar los pocos avances del Acuerdo de París que busca de reducir las emisiones de carbono, Eduardo Cader comenta que en El Salvador la industria consume el 40% de la energía que se produce, la que en un 72% proviene de fuentes renovables. Por ello, la asociación ha impulsado que el ahorro que se genera con el consumo de energía eólica, fotovoltaica, hidráulica y geotérmica, se refleje en una reducción de la factura de consumo de este recurso que favorezca a los industriales y, claro, a los hogares.

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), ya en 2019, las renovables, incluidas la energía hidroeléctrica, la biomasa, la energía solar fotovoltaica (FV) y la geotérmica, alcanzaban un 64.3 % de la capacidad instalada total del país, llevándola a un total de 2.2 gigavatios (GW)”.

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Desde entonces el Consejo Nacional de Energía (CNE) que preparaba la Política Energética Nacional 2020-2050, tenía como objetivo “reducir la tarifa de electricidad mediante el aumento de generación eléctrica renovable”, pero es algo que aún no ocurre, confirma el líder de los industriales.

Eduardo Cader considera que contar con regulaciones que apunten a la sostenibilidad es fundamental para expandir las buenas prácticas que existen de forma aislada y que se concentran en grandes empresas nacionales y trasnacionales. El Salvador cuenta con la Ley integral de residuos sólidos y fomento al reciclaje (publicada en 2020), pero que aún adolece de reglamento.

Para el presidente de la ASI, la iniciativa de la Asamblea Legislativa para discutir con diversos sectores el manejo responsable del agua es un esfuerzo destacado. Una encuesta realizada reciente- mente por KPMG sobre los mayores riesgos para el crecimiento económico en Centroamérica, destaca el cambio climático. Mientras que el Banco Mundial alerta que este fenómeno puede empujar a la pobreza a 132 millones de personas en el mundo hacia 2030, “revirtiendo los avances en materia de desarrollo”.

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