EFE.- Costa Rica espera avanzar en este 2022 en la construcción de una política pública para los pueblos indígenas, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la ONU y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó este lunes el Gobierno.

Según las autoridades, esta política, que se construirá en consulta con al menos 22 comunidades indígenas, pretende atender de manera integral las necesidades y demandas de los pueblos en ámbitos como la autonomía, la territorialidad, el desarrollo, la eficiencia institucional y el bienestar social.

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“La política pública busca ser una sombrilla que dicte a las instituciones la aplicación de programas y acciones en respeto de las particularidades históricas, sociales y cosmogónicas de los territorios indígenas y así atender viejas falencias”, explicó en un comunicado el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.

En 2021, el Gobierno y las comunidades indígenas avanzaron en las primeras etapas del proceso de consulta y en acuerdos preparatorios.

Para 2022 el objetivo es que el Gobierno presente a los pueblos contenidos, ejes de acción y lineamientos propuestos en la política pública, resúmenes en español e idiomas indígenas, materiales didácticos y otros insumos. Además, las comunidades compartirán al Gobierno los elementos más importantes de su cultura en relación con la política.

El proceso es acompañado por el BID y la Organización de las Naciones Unidas mediante la oficina de la coordinadora Residente, en calidad de garantes.

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En diciembre pasado, el relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, cumplió una misión a Costa Rica y expresó su preocupación por la seguridad de defensores de los derechos indígenas y por los conflictos sobre recuperación de tierras, entre otros asuntos.

Francisco Calí Tzay emitió un pronunciamiento preliminar, en el que destacó avances y el compromiso del Estado, pero dijo sentirse “preocupado” por la información que recopiló en sus visitas a comunidades, especialmente sobre la seguridad de los activistas.

También señaló varios retos de Costa Rica en la materia, entre los cuales citó la necesidad de una reforma legal para garantizar el autogobierno de los pueblos indígenas, esfuerzos para la recuperación de la identidad, un mejor acceso a la justicia, una mayor participación política de los indígenas y acciones contra la discriminación.

Costa Rica es un país de 5,1 millones de habitantes, de los que unos 108.000 son indígenas, según los datos oficiales. 

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