La iniciativa de protección al consumidor y educación, serán tarea de las superintendencias que se encargarían de los consumidores y de las entidades que supervisan, mientras el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de otros productos financieros que no están bajo supervisión.

Las autoridades financieras buscan mayor respaldo al consumidor de criptoactivos, como el bitcóin, mediante un proyecto de ley de protección al consumidor de este tipo de instrumentos y mayor educación financiera y la superintendenta general de Entidades Financieras, Rocío Aguilar nos comenta un poco más al respecto.

¿Cómo debe ser la comunicación para explicarle a los costarricenses los beneficios y retos en el uso del bitcoin?

Las Superintendencias, el Conassif y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) han estado informado por diferentes medios (comunicados de prensa, artículos de opinión, respuestas a la prensa, participación en foros, entre otros) que no existe prohibición en el país para la negociación de criptomonedas, pero que las personas que realicen operaciones con éstas lo hacen bajo su propio riesgo y deben cumplir con requerimientos legales en materia de prevención de legitimación de activos o financiamiento al terrorismo.

Adicionalmente, se ha informado que en Costa Rica las criptomonedas:

  • No cuentan con respaldo del Banco Central de Costa Rica.
  • No son monedas de curso legal.
  • Su uso como medio de pago no está garantizado.
  • No existe obligación de aceptación como medio de pago.
  • No son regulados por la normativa financiera.
  • No están autorizadas para pago de impuestos.

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¿Qué papel juega la educación financiera en estos temas sobre bitcoin y las demás criptomonedas?

La educación financiera es primordial con el fin de que las personas conozcan las diferentes alternativas de ahorro, inversión, crédito, aseguramiento y pensión que existen en el sistema financiero, así como sus características y riesgos, si se encuentran regulados o no, sus deberes y obligaciones como usuarios de instrumentos, y a que instancias deben recurrir en caso de tener alguna inquietud, queja o reclamo.

¿Puede ser realmente riesgoso para el usuario este tema de los criptoactivos? ¿Cómo en cuáles puntos o aspectos?

Los criptoactivos y las operaciones con éstos no están sujetos a algún tipo de regulación en este momento en el país en materia de protección al consumidor o en aspectos prudenciales, por lo que las personas que realicen operaciones con éstas lo hacen bajo su propio riesgo. En este sentido, es importante que las personas que invierten en tales activos tomen en cuenta que los precios de algunos de los criptoactivos presentan volatilidades importantes y que se transan por personas y en mercados no regulados, por lo que ante algún problema no tiene la opción de recurrir a las entidades de supervisión a plantear algún reclamo.

¿Desde cuándo se viene analizando este tema, tiene que ver con la ley del presidente de regular los operadores de monedas virtuales o es algo que ustedes como autoridades propusieron?

En el 2019 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó a los países imponer requisitos más detallados a los proveedores de servicios de activos virtuales, a efectos de fortalecer la prevención del Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Por tanto, desde hace algunos meses CONASSIF  y las Superintendencias han estado colaborando en la redacción del Proyecto de Ley “Reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo expediente, Expediente N° 22.837” que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa, con el fin de regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales únicamente en materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

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¿Cuáles beneficios traerán estos dos aportes: la educación y protección al usuario?

La educación financiera es fundamental para que las personas conozcan sobre las características, beneficios, oportunidades y riesgos cuando transan con este tipo de activos, mientras que una legislación en materia de protección al consumidor financiero, le permitiría contar con un sistema de regulación y supervisión de los proveedores de diferentes instrumentos financieros, le otorgaría herramientas para acceder a mayor información de los instrumentos financieros y sus proveedores, y podría acudir a diferentes instancias a plantear quejas o reclamos, entre otros.

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