EFE.- Varias mujeres indígenas achí de Guatemala relataron este miércoles las violaciones sexuales sufridas sistemáticamente durante el conflicto armado interno en un cuartel militar en el norte del país centroamericano, específicamente entre 1981 y 1985.

Las sobrevivientes recordaron ante un reducido número de periodistas los crímenes en su contra por los cuales se encuentran acusados cinco paramilitares, en un proceso judicial que actualmente está en marcha en un tribunal de alto riesgo.

Una de las mujeres indígenas achí, Antonia Velay, detalló cómo, durante las vejaciones, los exparamilitares y soldados del Ejército de Guatemala asesinaron a su hijo de 7 meses. “Él tendría ahora 39 años. Mi hijo tendría 39 años. No esperamos otra cosa más que justicia”, enfatizó.

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En total son 36 las mujeres que sufrieron los abusos sexuales por los cuales están acusados cinco exparamilitares, quienes formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en la guerra civil en Guatemala.

Las violaciones tuvieron lugar de manera sistemática entre 1981 y 1985, durante la época más sangrienta del conflicto armado interno en Guatemala, una guerra civil que se extendió desde 1960 hasta 1996 y que dejó más de 245.000 fallecidos o desaparecidos, la mayoría a manos del Estado, según informes de la Organización de Naciones Unidas.

Los abusos sexuales contra las mujeres indígenas achí se registraron en el cuartel militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

Otra de las mujeres que relató su historia fue Máxima García: (tuve) “vergüenza de mi dolor, vergüenza de decirle a mi esposo del dolor de mi matriz”.

ESTRATEGIA MILITAR ESTATAL

La socióloga Brisna Caxaj, integrante de la organización no gubernamental Impunity Watch Guatemala, que da acompañamiento a las mujeres achí en el proceso judicial, indicó que la violencia sexual era una estrategia militar contra la población civil, y que el caso de las 36 mujeres achí lo demuestra.

Caxaj también dijo que el 18 % de los crímenes contra los derechos humanos en la guerra fueron realizados por ex patrulleros civiles bajo el resguardo del Estado.

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“La violencia sexual fue un arma (militar). Este caso sacará a la luz como cómo se implementó la violencia sexual”, sentenció Caxaj.

El debate oral y público en contra de los cinco expatrulleros acusados de las violaciones comenzó el pasado 5 de enero en el Tribunal de Mayor Riesgo A que preside Jazmín Barrios.

Los sindicados son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino.

Los detenidos están acusados de los delitos contra deberes de humanidad y usurpación del estado civil.

Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas habían cuatro menores de edad, según el Ministerio Público.

Las víctimas recordaron este miércoles que la violencia sexual fue continuada y que el Ejército guatemalteco asesinó a civiles en comunidades y destruyó todo a su alrededor, como plantaciones, casas y animales.

“Necesitamos un psicólogo para cada una, y para nuestra comunidad, por todo lo que vivimos”, añadió García.

Después de casi 40 años de haber sufrido los vejámenes, las mujeres indígenas aún padecen las secuelas de esos días. “Yo no aguanto mi corazón”, manifestó entre lágrimas Teresa Cacaj, otra de las víctimas de las violaciones, quien dijo que pese a sentirse enferma y decaída aún puede “luchar un poco” en busca de justicia.

Los Acuerdos de Paz entre la guerrilla guatemalteca y el Estado fueron firmados en 1996 después de varios años de negociaciones.

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