El comercio en República Dominicana estrenó a finales del año pasado una nueva ley de aduanas que simplifica los procedimientos aduaneros, a la vez que exige el uso de herramientas de tecnología avanzada para ejecutar novedosos esquemas de servicios.

Asimismo, la recién promulgada Ley de Aduanas 198-21 fortalece la seguridad jurídica para el comercio internacional, al eliminar discrecionalidades. Por ejemplo, antes de esa norma, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) podía intervenir en las asignaciones de multas, ahora ya no es posible. Además, endurece la persecución de los ilícitos y de la competencia desleal, explica Eduardo Rodríguez Apolinario, especialista en comercio internacional y asesor de la DGA.

“Hay que incorporar herramientas tecnológicas para una exitosa implementación de esta ley, de manera que se puedan cumplir los tiempos y no se sumen altos costos de operación a la DGA, como equipos de rayos X, que sirvan para auscultar los contenedores y embalajes”, advierte Eduardo Rodríguez Apolinario.

En cuanto a las nuevas atribuciones de la oficina gubernamental se agregan medidas sobre lavado de activos, al tiempo que se incorpora la función de una Procuraduría Especializada para investigación de crímenes y delitos aduaneros, por lo cual un auxiliar designado por el Ministerio Público trabajará en coordinación con oficiales de la DGA.

Rodríguez Apolinario explica que muchos actores de comercio hacen operaciones en las que no se sabe de dónde proviene el dinero y nadie establece un medio de pago o la manera en que se financia. Considera que ahora ese movimiento de dinero está controlado, ya que la ley exige que se declare su procedencia.

“Eso viene a ordenar el mercado, viene a eliminar una serie de operadores informales, de los que nadie sabe el origen del dinero con el que hacen sus transacciones”, afirma.

Esta norma constituye un paso muy importante al actualizar y armonizar la legislación aduanera dominicana con los acuerdos internacionales, tanto en materia de aduanas como comerciales, a juicio del presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini.

“Impulsará el desarrollo del comercio en aspectos cualitativos y cuantitativos, reducirá la posibilidad de congestionamientos en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, entre otros aspectos relevantes. Es una verdadera herramienta para incrementar la competitividad”, asegura el industrial.

Un equipo multidisciplinario está trabajando en la automatización de los procesos, así como en la elaboración de los reglamentos que complementan la ley, los cuales deben estar listos a más tardar el próximo 14 de febrero.

Por otro lado, ahora Aduanas ya no se encarga de la recepción de buques ni de supervisar sus condiciones
de arribo ni de despacho; de eso se encargará una policía marítima. Esas determinaciones que se han incluido demandan una actualización de la Ley de Puertos, de manera que se especifique con claridad cómo será el trabajo en conjunto con los oficiales de Aduanas.

Esa normativa se suma a otros esfuerzos por mejorar el comercio internacional, como el plan de despacho 24 horas, que empezó a desarrollarse el pasado junio. En los primeros cuatro meses de su implementación, alrededor de 11,000 contenedores se habían despachado en 24 horas, según informes de la DGA.

Las cargas que califican para esa medida son mercancías que no representan riesgo para la seguridad nacional o sanitaria del país, y que corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas que estén acreditadas con la licencia de Operador Económico Autorizado (OEA).

La reglamentación que ahora rige los procesos aduanales sustituye a la Ley 3489, que data de 1953.