EFE.- Un grupo de cerca de 200 organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos han pedido a la Unión Europea (UE) que la ley que prepara para frenar la deforestación vinculada a los productos importados exija a las empresas el respeto de los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras.

La carta abierta publicada hoy incluye a 22 organizaciones indígenas de 33 países, entre ellos Brasil, Indonesia, Malasia y Tailandia, principales productores de la soja, el aceite de palma y el caucho que importa la UE.

Los firmantes denuncian que el proyecto de reglamento de la UE para combatir la deforestación importada, actualmente en negociación, no impone restricciones a los productos que puedan haber sido producidos violando los derechos de esas comunidades.

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Las ONG confían en que el Parlamento Europeo y el Consejo (países) logren modificar la propuesta de la Comisión, introduciendo cambios para asegurar el respeto de los derechos de los indígenas sobre sus tierras, explicó a Efe Julia Christian, de Fern, una organización dedicada a la protección de los bosques.

En particular, los socialdemócratas de la Eurocámara y los Verdes lo consideran una de sus prioridades, indicó.

También en el Consejo se ven “señales prometedoras” de apoyo a esta idea entre algunos Estados miembros, añadió.

Está previsto que la futura normativa se aplique a las importaciones de productos agrícolas como el ganado, cacao, café, el aceite de palma y la soja.

Entre otras medidas, exige la trazabilidad en la cadena de suministro -que ya se pide para la madera- a un grupo más amplio de materias primas ligadas a la deforestación.

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La carta alerta de que en el Amazonía boliviana la tasa de deforestación de tierras que pertenecen a pueblos indígenas alcanza cerca del 35 %, mientras que en Brasil es del 40 % y en Colombia del 50 %.

La eficacia del Reglamento de la UE “dependerá de si las empresas respetan los derechos de propiedad y tierra de las comunidades e identifican y abordan los riesgos de abusos”, añade.

También pide que se respete el derecho de los defensores de los bosques “a realizar su trabajo sin represalias”.

Los firmantes aseguran que muchas de las empresas más influyentes que impulsan la deforestación aún no han adoptado políticas para erradicarla de sus cadenas de suministro, y las que las han adoptado no las han aplicado.

Por ello piden que la futura legislación exija a las empresas que comercializan productos en el mercado europeo que garanticen que sus proveedores han consultado a las comunidades afectadas y obtenido su consentimiento “libre, previo e informado”.

Asimismo, abogan por que el futuro Observatorio que la Unión Europea tiene previsto crear supervise el respeto de los derechos sobre la tierra.

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