EFE.- Un líder del movimiento que se opone a las vacunas contra la covid-19 en Costa Rica, identificado como Marco Morales Albertazzi, fue detenido este jueves luego de que el miércoles participara junto a un grupo de personas en un ingreso por la fuerza a un hospital público.

El Ministerio de Seguridad informó que el hombre fue detenido en vía pública en la ciudad de Heredia, 15 kilómetros al oeste de San José, como sospechoso de “dirigir las acciones del grupo que irrumpió ayer en el hospital San Vicente de Paúl y, al parecer, escupir en la cara a la directora regional de la Fuerza Pública de Heredia, Katia Chavarría”.

“Además, el sujeto habría emitido amenazas en contra de los magistrados de la Sala Constitucional por medio de sus redes sociales”, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

Según la entidad, esta detención se llevó a cabo por orden de un juez.

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Con este hombre ya son 7 las personas detenidas por los hechos ocurridos el miércoles en el hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Heredia. Las otras seis personas son cuatro mujeres de apellidos Ramírez, Corella, Reyes y Brenes, y dos hombres de apellido Villalobos y Ramírez.

Los detenidos se encuentran a la espera de que se realice una audiencia para determinar si se les imponen medidas cautelares.

En videos que circularon en redes sociales se observa a un grupo de manifestantes que ingresan por la fuerza al hospital, al parecer para intentar sacar a un menor de edad que se encuentra internado y cuyos padres se niegan a que se le aplique la vacuna contra la covid-19.

La directora del centro médico, Priscila Balmaceda, explicó que el niño ingresó por una patología respiratoria, por lo que —dado los factores de riesgo y el contexto epidemiológico actual— se indicó por parte del médico tratante la colocación de la vacuna contra la covid-19.

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En Costa Rica, el Gobierno decretó como obligatoria la vacuna contra la covid-19 para los menores de edad, el personal de salud y los docentes.

Balmaceda explicó que al menor “se le detectó una situación que requirió de la intervención del servicio de trabajo social, lo que asociado a la negativa de los padres a vacunar al niño derivó a solicitar el criterio por parte del Patronato Nacional de la Infancia”.

La funcionaria aseguró que, previo a los hechos violentos, atendió de forma amplia al padre del menor, quien se hizo acompañar por la diputada independiente Shirley Díaz y por un asesor legal, para explicarles la situación médica y administrativa en torno al caso.

El movimiento antivacunas ha realizado varias protestas en vía pública en Costa Rica y en una ocasión ya había intentado ingresar por la fuerza al Ministerio de Salud. 

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