EFE.– Al menos dos de las universidades nicaragüenses a las que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, les canceló su licencia de operación, permanecen este jueves vigiladas por civiles y uniformados, según constató Efe.

En la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes que se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en el marco de una revuelta popular que estalló en abril de 2018, civiles y agentes policiales, a bordo de motocicletas y patrullas, se encuentran afueras del campus.

La Upoli, una universidad subvencionada por el Estado, fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018, cuando decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior, para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos.

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ESTUDIANTES “INDIGNADOS”

En una declaración, los estudiantes de esa casa de estudios, ubicado al este de Managua, criticaron a las autoridades nicaragüenses que “de manera alevosa” despojaron de su personalidad jurídica a la Upoli, con más de medio siglo de existencia, “para que deje de funcionar con normalidad”.

“Con mucha indignación nos pronunciamos y nos solidarizamos con todos los estudiantes de otras casas de estudio, a quienes de igual manera se les fue arrebatada la oportunidad y seguridad de darle continuidad a sus clases, así como de culminar sus carreras”, señalaron en el escrito.

Asimismo, los universitarios hicieron un llamado al Parlamento, controlado por los sandinistas, a que devuelva la personalidad jurídica a la Upoli, así como al resto de universidades afectadas, “tomando en cuenta la gran cantidad de estudiantes y colaboradores que se verán afectados”.

En el mensaje, los estudiantes pidieron que se mantengan los puestos de trabajo y de dirección de la universidad, además que “se mantengan nuestras notas e historial académico intactos y no se exponga a ningún estudiante por exigir sus derechos de tener una educación digna y de calidad como manda nuestra Constitución”.

“Demás está mencionar que los estudiantes no queremos sometimiento a juicios y ordenanzas de quienes quieran apropiarse de nuestro segundo hogar, muy por el contrario, nos seguiremos oponiendo a que este o cualquier otro centro de estudios se preste a disposiciones de índole política”, sostuvieron.

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CANCELAN UNIVERSIDADES EN MEDIO DE CRISIS

El otro centro de estudio que amaneció bajo vigilancia policial es la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), tanto su edificio central en Managua, como una de sus sucursales en Jinotega (norte).

Las universidades que estaban registradas como organismos no gubernamentales y fueron ilegalizadas el miércoles por el Parlamento son la Upoli, Uponic, Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), y Universidad Paulo Freire (UPF).

El cierre fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro” del Ministerio de Gobernación, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”, según la exposición de motivos del decreto.

El Consejo Nacional de Universidades (CNI), órgano rector de la educación superior nicaragüense, dijo que garantizarán la continuidad académica a los estudiantes de las cinco universidades afectadas.

Con esto, se elevaron a 80 las entidades locales ilegalizadas, a petición del Ejecutivo de Ortega, desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. 

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