EFE.- Las autoridades de Panamá dijeron este jueves que investigan la presunta esterilización sin consentimiento de un grupo de mujeres indígenas que habitan en zonas apartadas del país, tras la denuncia pública de una diputada en el Parlamento.

La diputada suplente Walkiria Chandler dijo el martes que durante una gira por poblaciones remotas en la provincia occidental de Bocas del Toro, realizada en una fecha no precisada, “mujeres denunciaban que a la hora de dar luz debían trasladarse a un hospital bastante lejano, y cuando despertaban habían sido esterilizadas sin su consentimiento”.

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La diputada señaló que estas prácticas atentan contra el derecho reproductivo de las mujeres y provocan rechazo dentro de la comunidad indígena, pues el número de hijos otorga un lugar privilegiado a la mujer dentro de esa sociedad.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, dijo este jueves a Efe que la oficina regional del organismo en Bocas del Toro ya está recabando información junto con líderes comunitarios, y que el próximo lunes visitará el área de donde son las presuntas víctimas, unas 15 según los datos disponibles.

“Estamos verificando cierta información” porque en las denuncias “se habla de horas o de días de camino” para llegar al centro de salud donde supuestamente se realizaron las esterilizaciones, y las comunidades de “Charco La Pava y Nance de Riscó”, de donde son las supuestas víctimas “están bastante cerca de Changuinola y el hospital queda muy cerca” de esta localidad, dijo Leblanc.

La Defensoría solicitó además un informe a la diputada Chandler y a la presidencia de la Comisión de Familia del Parlamento con datos de las presuntas víctimas.

“Si eso (de las esterilizaciones forzadas) ocurrió, la verdad que es un desastre y un retroceso como país, pues no es una práctica de la República de Panamá. En caso de que sea positivo, vamos a poner en conocimiento a las autoridades panameñas y a las internacionales”, agregó Leblanc.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves que inició una investigación por las supuestas esterilizaciones forzadas y que pidió informes a sus direcciones en la comarca Ngäbe-Buglé y en Bocas del Toro.

La autoridad sanitaria señaló que la ley estipula que para una esterilización permanente, el personal de salud debe informar al paciente sobre el procedimiento y este debe firmar un consentimiento informado. De no firmarlo, “no se puede proceder con la intervención quirúrgica”.

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Precisó que, siguiendo esa normativa, un hospital de la región de salud de Bocas del Toro realiza la salpingectomía (esterilización quirúrgica) de manera selectiva los viernes en la tarde y sábado en la mañana, mientras que el procedimiento no se ha practicado en la Región de Salud comarcal Ngäbe-Buglé en los últimos años, ni tampoco en dos hospitales de las cercanas provincias de Chiriquí y Veraguas.

La diputada oficialista, Kayra Harding, presentó este jueves en la Fiscalía una denuncia por “notitia criminis” sobre el caso a fin de que se inicie una investigación penal.

“Que se esterilice a nuestras mujeres sin su consentimiento es un hecho grave, porque es violatorio a nuestros derechos humanos”, declaró la diputada a los periodistas. 

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