EFE.- El Parlamento de Honduras ha derogado la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la Ley de Secretos Oficiales, para evitar prácticas corruptas, informó este miércoles el Congreso Nacional.

La normativa fue derogada la noche del martes “casi por unanimidad” de los 128 diputados del Parlamento hondureño en una sesión dirigida por el presidente del Legislativo, Luis Redondo.

Al entrar en vigencia la derogación de la ley, con la publicación en el diario oficial La Gaceta, será “desclasificada toda información reservada” y las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas deberán “elevar documentos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)”, según el Parlamento.

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La Ley de Secretos Oficiales, aprobada el 24 de enero de 2014, facultaba al presidente y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar la información oficial como “reservada” o “confidencial” durante cinco años y diez años, respectivamente, según la información oficial.

También podía clasificarla como información “secreta” y “ultrasecreta”, lo que permitía prohibir su publicación durante 15 o 25 años, según esa ley, que era rechazada por diversos sectores en Honduras.

El vicepresidente del Parlamento hondureño, Hugo Noé Pino, dijo que la derogación de esa ley representa un “paso más para derribar el muro de la impunidad” que ha imperado en Honduras en los últimos años.

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“Lo que estamos aprobando es un mensaje para todo el país y para los nuevos funcionarios públicos, es la otra fase del combate a la corrupción como es la prevención y la mejor forma de hacerlo es con transparencia y acceso a la información”, subrayó.

Con la derogación de la Ley de Secretos, el Congreso Nacional abre paso para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih), una de las promesas de campaña de la presidenta del país, Xiomara Castro.

Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, envió a mediados de febrero una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de una comisión contra la corrupción en el país centroamericano.

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“La llegada de la Cicih a Honduras no lesionará la soberanía del país y contribuirá en la lucha contra los males y vicios que dejó el pasado Gobierno: corrupción e impunidad”, indicó entonces la Casa Presidencial en un comunicado.

La presidenta hondureña considera que la corrupción, el narcotráfico, los escuadrones de la muerte y el crimen organizado son temas prioritarios en su agenda, y cree que el combate eficaz y efectivo a esos flagelos contribuirá a la refundación y construcción de una Honduras próspera y con oportunidades para todos los hondureños.

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