Por Jaime García Gómez

Desde los orígenes de la ciencia económica se ha considerado la relación de la economía y el funcionamiento institucional. Adam Smith en 1775 usa como supuestos a la paz, el orden, la seguridad y el transporte en una nación para la creación y conservación de los mercados, facilitando la especialización de la mano de obra, gestora de las condiciones básicas para el funcionamiento de la economía de una nación, separando a los países bárbaros de los civilizados.

En siglo XXI el economista Dani Rodrik menciona que las economías más dinámicas cuentan con instituciones fuertes y flexibles que fomentan la competencia y facilitan la cooperación. Mientras que en la región, el economista Hernan de Soto, describe a un país subdesarrollado como aquel en que no se pueden identificar a los dueños de las cosas, y las reglas cambian de barrio en barrio o de calle en calle.

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Pues bien, a pesar de ser algo conocido por siglos, y estudiado en la economía moderna, pareciera que en América Latina nos hemos olvidado de porqué las instituciones importan para el desempeño económico. Nos olvidamos de las “reglas del juego” que funcionan, y sufrimos con baja productividad y lento crecimiento económico.

Certidumbre y competencia

En primera instancia, recordemos que la inversión privada es el motor fundamental de la economía en términos de crecimiento económico e innovación. Las empresas toman decisiones de inversión en función del análisis costo – beneficio que cada decisión les reditúa, de acuerdo a sus recursos y tecnologías disponibles.

El impacto de las “reglas del juego” en las decisiones de inversión de las empresas se da a través del rendimiento de la inversión que las empresas esperan ganar por invertir. Es a través de la protección de los derechos de propiedad y de eliminar las barreras a la competencia que las instituciones impulsan esa inversión.

Una deficiente estructura institucional no genera incentivos acordes a la expansión de la capacidad productiva de las empresas, al desvincular a la inversión con su rendimiento; sin protección a los derechos de propiedad, no hay garantía de que las empresas puedan obtener las ganancias relacionadas con la inversión, disminuyendo la inversión y la productividad en la economía.

Además, las instituciones deben generar un ambiente competitivo, con bajos costos de entrada, así las empresas pueden tomar riesgos para entrar y posicionarse en el mercado, dichos riesgos se materializan en mayor innovación, producción e inversión. Mientras más bajos sean los costos de entrada y salida o menores las barreras al mercado, más dinamismo tendrá la creación de nuevas empresas y de nuevas oportunidades de negocio aumentando la inversión.

Nuestras “reglas del juego”

La “reglas del juego” son responsabilidad primaria del Estado; por lo tanto, el diseño y funcionamiento de las instituciones que forman al Estado son imprescindibles para garantizar la protección de la propiedad privada y el funcionamiento de los mercados. Un Estado que falle en estas condiciones no puede generar crecimiento económico sostenido.

En una región que antes de la crisis de la pandemia creció en promedio 2.48% en su PIB desde el 2001 hasta el 2019; debería ser una prioridad impulsar la inversión para generar un crecimiento económico más acelerado. De lo contrario, vamos a tardar más de 28 años en duplicar el nivel de ingreso. Que si se mide per capita es de 14,826 dólares ajustados por paridad de compra; como referencia, el promedio de la OCDE es de 42,486 dólares per capita.

Pero si vemos las distintas métricas que miden la calidad de las instituciones y su funcionamiento, como el índice de “Imperio de la ley” del World Justice Project, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, o el índice de gobernanza del Banco Mundial muestran a una región que retrocede año con año en su calidad institucional.

En la región no vemos como estratégico unas “reglas del juego” que promuevan la inversión privada. Es decir, nos alejamos de tener Estados democráticos, eficientes administrativamente, transparentes, con mecanismos de rendición de cuentas, monopolizadores de la violencia y respetuosos del estado de derecho. Sin un cambio de tendencia en el deterioro institucional espantaremos a la inversión y no tendremos crecimiento económico.

José Miguel Torrebiarte: Por un mercado global

*El autor es director regional de Social Progress Imperative 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.