Reuters.- Los crecientes flujos migratorios y la desaparición de personas seguirán aumentando en 2022 en México y Centroamérica debido a las altas tasas de violencia armada, dijo Jordi Raich, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la región.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria del gobierno de México, el número de extranjeros detenidos por una autoridad migratoria en el país llegó en 2021 a 307,679 casos, un 41% más de los reportados en 2019 cuando se registraron 182,940, el año anterior al inicio de la pandemia del Covid-19.

“En muchos países la violencia está causando cada vez más estragos y por eso cada vez hay más migrantes y no es una situación que se vea vaya a mejorar o a disminuir, ni siquiera en los años venideros”, afirmó a Reuters el representante de la CICR, cuya misión es proteger a víctimas de la guerra y la violencia interna.

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En 2021, explicó, encontraron “albergues colapsados” y migrantes frustrados al no poder continuar su camino a Estados Unidos, muchos de los cuales siguen “atascados” en regiones del sur y norte de México donde existe “enorme presión económica y de servicios básicos”, así como estigmatización a estos grupos.

En su informe “Balance Humanitario 2021-2021”, presentado el jueves, la CICR detalló que las desapariciones tampoco cesaron. En México la cifra llegaron a 100,000 (770 de estos en 2021), en El Salvador se reportaron 488 casos sin resolver y en Guatemala aumentaron a seis por día las mujeres desaparecidas.

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El funcionario admitió que será difícil responder de forma inmediata a problemáticas que causan la migración, no obstante consideró como parte de la respuesta coordinar esfuerzos entre naciones que forman parte de la ruta que utilizan estas personas, como El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otras.

“La migración no se va a detener (…), si se intenta impedirla o regular de una manera tan estricta se empiezan a acumular personas en las fronteras, como ocurre en México y otros países”, agregó Raich.

Organismos de derechos humanos han criticado el uso de fuerzas de seguridad mexicanas para contener la migración indocumentada. El Gobierno dijo recientemente que unos 28,000 efectivos están desplegados en las fronteras norte y sur para frenar esos flujos. 

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