Por Juan Diego Sánchez Sánchez

La existencia de programas sociales, así como de un marco normativo robusto que tenga como fines la disminución de la pobreza, la mejora en la calidad de vida de los habitantes, además del incremento beneficioso en los indicadores macroeconómicos, no son sinónimos de una efectiva política pública en materia de la disminución de las desigualdades sociales y económicas.

Lo anterior es evidente al analizar la posición de la nación en el índice de países menos desiguales a nivel global, donde  Costa Rica se ubica en el puesto 60, señalándose así desbalances en temas tales como el ingreso, la riqueza per cápita y el consumo. Variables que repercuten en un nivel de vida totalmente voluble entre los habitantes, señalando así extremos en materia de la calidad del comportamiento microeconómico de las personas.

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Es de interés resaltar, y a pesar de contarse con un marco jurídico el cual establece la creación de instituciones que deben enfocarse, precisamente, en la disminución de variables como la pobreza y el desempleo, no obstante estas siguen proliferando, observando en la primera un dato cercano al 20%, con el agravante de su estacionalidad constante a lo largo de  los años, es decir, no parecen calar a fondo las políticas públicas para su disminución. Esto se encuentra en total ligamen al desempleo, el cual, aunque menor a los niveles pandémicos, ronda entre un 13% a 15%, dependiendo de la metodología de análisis, o bien, incluso al observarse un Coeficiente de Gini superior al 0.50.

Costa Rica
Costa Rica Foto: hectorlo/Flickr

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A pesar de ser un país que establece desde su misma Constitución Política como norma prima, la obligatoriedad de la asignación de no menos de un 8% a la educación estatal, no parece tampoco ser efectivo su impacto en las variables macroeconómicas que determinan la desigualdad general en el país. Surge acá la interrogante en referencia al génesis del problema en cuestión, con lo que parece precisarse una respuesta bastante univoca, la cual se enfoca en la ineficiencia pragmática y práctica de las instituciones estatales.

En línea de lo anterior puede indicarse que una magnitud de relevancia referente al presupuesto público general, es precisamente asignado al combate de la pobreza y a programas de bien social y otros similares, no obstante el impacto ulterior de estos recursos no parece ser el más efectivo, en especial al precisarse una duplicidad en las funciones, y atrasos derivados del exceso de burocracia en la tramitación del acceso a las ayudas y subsidios, esto a pesar de contarse con una ley de protección de la persona frente al exceso de trámites (Num. 8220) y otra referente a la eficiencia en la administración de los recursos públicos (Num. 9371), las cuales denotan una vez más la potencia regulatoria como brazo normativo para el combate de la desigualdad.

Sería innegable y hasta mezquino señalar que el país no cuenta con elementos jurídicos que determinan un ruta para el combate de la desigualdad, la pobreza y el desempleo, así como variables que de ellas pudiesen derivarse, no obstante, la dicotomía elemental que surge se basa en la existencia de un aparato estatal ineficiente y de gran magnitud, con instituciones destinadas a estos efectos, pero con un impacto final en la población, en particular la más vulnerable, que no parece ser el más preciso, señalando así la necesidad de una evaluación del método y la forma de combate, más allá de la misma normativa existente.

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*El autor es analista y asesor financiero.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.