EFE.- La ONG Fundación Americana Nicaragüense (ANF, por sus siglas en inglés) anunció este jueves el cierre de sus operaciones en Nicaragua debido a la disminución de las donaciones internacionales, entre cuyos donantes se encontraba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

“Aprovechamos este medio para informarles que, debido a la disminución de las donaciones internacionales, se ha tomado la decisión de que ANF descontinúe sus operaciones en Nicaragua”, indicó esa ONG en una declaración.

Le invitamos a seguirnos en la cuenta de Twitter

Esa organización, fundada en 1992, centraba su trabajo en seis áreas: educación, salud y nutrición, vivienda, agua y saneamiento, agricultura y ayuda humanitaria, “todos los días y durante una crisis”, según ANF, que se define en su página web como una ONG de ayuda y desarrollo sin fines de lucro que brinda oportunidades y herramientas a las personas afectadas por la pobreza en Nicaragua.

Las ONG que reciben en Nicaragua donaciones del exterior deben registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación.

La Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, que entró en vigor en octubre de 2020, establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.

La ANF, que dirige la pareja Alfredo y Theresa Pellas y que contaba con un equipo de al menos 110 colaboradores, no especificó si esa ONG estaba registrada o no como agente extranjero.

LAS ONG ESTÁN EN LA MIRA

A mediados de abril pasado, el Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de 25 ONG, incluida la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado, por no registrase como agentes extranjeros.

Otra de las ONG cerradas por ese motivo fue la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020), así como la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Otra ONG ilegalizada fue la Fundación Coen, identificada como uno de los socios de la ANF.

Según las leyes nicaragüenses, aunque una ONG anuncie su cierre, la misma debe ser aprobada por el Parlamento.

En marzo pasado, los diputados sandinistas votaron a favor de cancelar 25 ONG nicaragüenses, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, y que había cerrado desde febrero de 2021 para no someterse a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros.

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 187 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.

Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. 

Airbnb crea una nueva forma de elegir destinos