Por Rosa María Bolaños/ Prensa Libre.- La consultora independiente del tema ambiental Ana María Palomo González, presentó una acción legal en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra los artículos 29, 30, 34, así como contra varias frases que se refieren a los precios oficiales fijados por el Ministerio de Energía, contenida en el artículo 11 del decreto 17-85.

Además, solicitó la derogatoria del inciso c del artículo 35, que se refería a la alteración del precio oficial del carburante y/o mezcla, así como de la frase que establecía que “ninguna destilería podrá abastecer el mercado interno del país en más de 120 mil litros diarios de alcohol carburante” contenida en el artículo 27, así como los artículos 24 y 25 del reglamento de esa (Acuerdo Gubernativo 420-85).

La sentencia favorable de la CC fue publicada la semana pasada en el Diario de Centro América y ya entró en vigencia.

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¿Qué significa?

Palomo González, con experiencia desde 1972 en el tema ambiental, dijo que el país es bueno para establecer diferentes disposiciones, pero no para desregular, ya que esta ley quedó desactualizada y era parcialmente inconstitucional desde 1985, cuanto entró en vigencia la nueva Constitución Política de la República.

En esa época, el Estado regulaba los precios de la gasolina y otros combustibles. Con la Ley de la Comercialización de Combustible se dejó libre el tema de las gasolinas y no tenía sentido que se mantuviera una regulación, agregó al explicar que para el alcohol carburante no se derogó en ese entonces la disposición que ahora la CC sacó del ordenamiento jurídico nacional.

“Tampoco tenía sentido que le pusieran un precio tope porque ya habíamos salido de ese tipo de economía”, dijo explicando que es necesario aprovechar el etanol como aditivo en los combustibles. Ese producto proviene de la melaza.

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El abogado Jorge Ceballos, quien asistió a Palomo en la presentación de la inconstitucionalidad, añadió que esa ley violaba varios principios, como el derecho de igualdad y el de propiedad porque no estimulaba la producción, también el de libertad de industria porque fijaba precios topes al producto y a discreción de las autoridades de energía. “Además, se establecía límites y que solo se podía atender 120 mil litros. Y el tercero es que se creaba un impuesto a la producción de alcohol carburante”.

Ante el fallo de la CC, Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (Apag) indicó que el país requiere leyes positivas que puedan aplicarse y que la Ley de Alcohol Carburante, aunque está vigente, no se aplica en el país porque contiene normativas que contravienen la Constitución vigente y la actual Ley de Comercialización de Hidrocarburos, debido a que fue promulgada en el año 1985.

“El país prepara una regulación para obligar el uso de la mezcla de 10% de etanol por galón de gasolinas, para lo cual se hizo un estudio piloto, y se ha discutido en mesas técnicas, pero los productores pedimos certeza jurídica y reglas claras”, dijo.

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En Guatemala se producen 65 millones de galones de alcohol carburante y la mayor parte va a exportación, pero el sector indicó que hay excedentes de melaza que pueden ser utilizados para producir más y atender la demanda nacional que generaría la obligatoriedad de utilizar esa mezcla.