EFE.- Una corte de Apelaciones guatemalteca ordenó romper el acuerdo de cooperación judicial que existía entre el Ministerio Público (Fiscalía) y exrepresentantes de la constructora brasileña Odebrecht, por un caso de corrupción de la firma extranjera en el país centroamericano. 

La decisión fue decretada por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, a solicitud de uno de los principales acusados del caso, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi (2012-2014), según confirmaron el sábado fuentes judiciales.  

Sinibaldi está acusado de varios casos millonarios de corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), incluido el de Odebrecht, divulgado por las autoridades en 2018, donde supuestamente recibió entre 2011 y 2013 casi 18 millones de dólares en sobornos para favorecer a la firma extranjera. 

El acuerdo de cooperación que existía entre el Ministerio Público y tres exrepresentantes de la constructora brasileña permitió determinar la manera en la que se organizó el soborno de funcionarios locales como Sinibaldi, tal y como sucedió en otros países, según señalaron expertos en el caso.

Sin embargo, con la decisión de la corte de Apelaciones de anular el acuerdo de colaboración judicial, Sinibaldi podría quedar libre de cargos en su contra por dicho caso, aunque la decisión aún puede ser nuevamente apelada. 

El fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, Rafael Curruchiche, valoró positivamente la decisión porque, según dijo en un video divulgado por la Fiscalía, existieron “ilegalidades” en el el acuerdo de cooperación judicial.

Por su parte, el exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval, quien originalmente desarticuló el caso en 2018, calificó como “inaudito” que el Ministerio Público “esté celebrando una resolución -que no está firme- y que favoreció al principal acusado de un caso de corrupción”. 

Sandoval, ampliamente galardonado por su carrera, se encuentra exiliado en Estados Unidos desde septiembre de 2021, cuando fue despedido de la entidad por orden de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada ese mismo año por EEUU por “obstruir” la justicia en Guatemala.

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Hombre fuerte de la política guatemalteca

Entre 2009 y 2015, Sinibaldi fue uno de los hombres fuertes de la política guatemalteca y, según testimonios judiciales, llegó a manejar más de 25 millones de dólares en sobornos.

Sinibaldi se entregó a las autoridades en agosto de 2020 tras cuatro años como fugitivo y se encuentra sindicado de corrupción en cinco casos, incluido el denominado “Cooptación del Estado”, donde se detalla un millonario desfalco estatal durante el Gobierno de Pérez Molina. 

El exfuncionario también fue presentado en 2014 como candidato a presidente del Partido Patriota, de Pérez Molina, para las elecciones de 2015, pero finalmente canceló su participación y en 2016 se le perdió la pista. 

“Ellos (Odebrecht) cometieron delitos continuados en el país. Yo nunca me mandé solo, y nunca actué solo. Y voy a dar a conocer en su momento todos los que participaron en el caso de Odebrecht y todos los funcionarios que se beneficiaron del caso”, apostilló Sinibaldi en 2020 al entregarse.

Al exdiputado se le han decomisado más de 30 inmuebles en los últimos tres años, tras adquirirlas supuestamente con fondos ilícitos.

El 22 de julio de 2019, un tribunal guatemalteco condenó a tres personas vinculadas con Sinibaldi y el excandidato presidencial condenado en Estados Unidos, Manuel Baldizón, por su participación en el caso Odebrecht, tras su implicación en 2018. 

De acuerdo con la sentencia, los tres acusados fueron hallados culpables de operar empresas de fachada en las cuales Sinibaldi y Baldizón recibieron dinero del pago de sobornos por parte de directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht.

Odebrecht expresa su ‘sorpresa’

La constructora brasileña Odebrecht expresó este domingo su “sorpresa” por la anulación de un acuerdo de colaboración judicial con el Ministerio Público de Guatemala, sobre los actos de corrupción de la firma extranjera en el país centroamericano. 

La compañía brasileña aseveró en un comunicado de prensa divulgado en Guatemala que, en su opinión, el acuerdo certificado con el Ministerio Público en 2017 contaba con “todos los trámites necesarios” para mantenerse en vigencia. 

Sin embargo, pese a la anulación, la firma brasileña indicó que “queda a disposición de la Justicia guatemalteca” y aseguró además que “buscará hacer valer sus derechos en pleno cumplimiento de la legislación vigente”.

Odebrecht subrayó el convenio originalmente suscrito con las autoridades guatemaltecas fue homologado con la Justicia brasileña.

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