EFE.- Un informe divulgado este miércoles por el observatorio de violencia política Urnas Abiertas revela que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ejecuta “nuevas formas de violencia política y terror” contra la disidencia del país, desde las elecciones generales de noviembre pasado, en las que el mandatario fue reelegido para su quinto mandato con sus principales contendientes en prisión.

Según el informe “Nicaragua: Entre el fraude y el terror”, desde 2021 “se observa una leve disminución de la participación de sujetos y grupos armados, policías, militares y paramilitares, que es sustituida por una serie de medidas administrativas”.

El informe señaló que, a las agresiones físicas, amenazas y arrestos arbitrarios, denunciados desde abril de 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica, se han sumado la “retención migratoria, negación de documentos, extorsión fiscal, represalias administrativas contra empresas, represalias con beneficios sociales y servicios públicos, o persecución al sector cultural y a la Iglesia católica”.

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Urnas Abiertas, compuesto por un equipo de nicaragüenses expertos en temas de política y economía, también subrayó la “eliminación de la autonomía universitaria, hostigamiento con propiedades, control sobre militantes sandinistas y funcionarios públicos, migración forzada: arriesgar la vida al migrar, impunidad y denegación de justicia”, señaló.

“Se ha constatado que esta situación de crímenes de lesa humanidad, ejecutados por el régimen, se está sosteniendo por cuatro años y tampoco ha dejado de continuar, porque la represión se va transformando con el tiempo en la medida en que van transformando el modelo autoritario”, dijo el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, durante la presentación telemática del informe.

LOS “OPERADORES DEL TERROR”

Las muertes bajo custodia estatal del exguerrillero sandinista disidente Hugo Torres y del ciudadano de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense Eddy Montes Praslin, fueron puestas como ejemplo de la “violencia política y terror” del Gobierno de Ortega durante la presentación del informe.

El documento identificó como “operadores del terror” a “los agentes policiales”, así como a los funcionarios del “Sistema Penitenciario, Sistema de Justicia, Asamblea Nacional, Dirección de Migración y Extranjería, alcaldías y civiles, entre otros”.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

Además, han dejado más de 200.000 nicaragüenses exiliados, la mayoría en la vecina Costa Rica, y cerca de 200 disidentes en prisión.

La crisis se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.