EFE.- Más de 100 días después de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción, con el que el Gobierno engarza la llamada “guerra contra las pandillas”, las autoridades reportan miles de detenciones, pero han cerrado el flujo de información oficial que permitiría conocer la cantidad de arrestos arbitrarios o las muertes bajo custodia estatal.

Entre finales de marzo, cuando el Congreso aprobó la medida que suspende varios derechos constitucionales, y el 10 de julio, las autoridades de seguridad reportan en las redes sociales 45.376 detenciones.

La cifra no ha sido actualizada al día de hoy y tampoco se conocen varios detalles sobre las mismas, como la cantidad de personas que han sido liberadas por error en su arresto.

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Miembros de las pandillas salvadoreñas concentrados durante el operativo policiaco en la cárcel Izalco, El Salvador. Abril 2020. Foto: Presidencia de El Salvador entregada a Reuters.

Las pandillas, señaladas de perpetrar la mayoría de asesinatos en El Salvador y que han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones, poseen unos 70.000 miembros en El Salvador.

Hasta antes de una escalada de asesinatos y aprobación del régimen, las maras tenían a unos 16.000 de sus miembros encarcelados, según dijo el presidente Nayib Bukele en su momento.

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SIN DATOS OFICIALES

Efe solicitó información y detalles sobre las capturas durante el régimen de excepción a través de un enlace de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, sin que los mismos se hayan proporcionado.

Esta no es la primera vez que no se entrega información estadística relacionada con la medida solicitada por Efe, al igual que a medios locales, como han señalado en reportes.

Los ministerios de Salud y Seguridad, el Instituto de Medicina Legal (forense) y la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco han proporcionado información o estadísticas ante solicitudes hechas por Efe mediante el mecanismo habilitado por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Las entidades estatales han puesto información bajo secreto, aún cuando la legislación indica que los datos estadísticos deben ser públicos. También han alegado inexistencia.

Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización humanitaria Cristosal, dijo en una conversación con Efe que el Gobierno del presidente Bukele “no ha sido transparente en cuanto a los datos” y “no permite el acceso a la información directamente que permita corroborar los datos”.

“Parece bastante difícil que se logre acumular ese número de detenidos sin generar una mayor crisis (…) tenemos dudas de esos datos, pero no se pueden corroborar si es cierto o no, es un número bastante grande”, señaló el abogado.

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